Dictadura Militar Norteamericana.1916/1924

Las dos primeras disposiciones tomadas por el gobierno militar establecido por Estados Unidos en la República Dominicana, publicadas simultáneamente con la proclama de la ocupación, fueron: la que prohibía el porte y tenencia de armas, proyectiles y explosivos, y la que sometía a todas las publicaciones a la más estricta censura. En ese último orden el gobierno militar decretó la prohibición de todo género de “comentario sobre la actitud de los Estados Unidos, y cualquier cosa en conexión con la ocupación”. La medida era extensiva, además a las comunicaciones telegráficas y cablegráficas.

Tan pronto arribó al país ocupado, el Ministro norteamericano informó a sus superiores que la intervención militar era aceptada por la generalidad del pueblo y que “los politicastros desilusionados eran las únicas gentes descontentas”. A decir verdad, la proclama de la ocupación sorprendió a los políticos tradicionales, pues salvo la pequeña rebelión que encabezó el general Manuel de Jesús Pérez Sosa, gobernador de la provincia Pacificador, y de otros conatos registrados en Azua y Salcedo, los meses de noviembre y diciembre de 1916 transcurrieron sin grandes dificultades para los ocupantes.

La conducta observada por los políticos tradicionales y los intelectuales, representantes de la pequeña burguesía, de los terratenientes, del gran comercio mayorista importador y exportador ante la intervención militar norteamericana, estuvo muy distante de la asumida por el campesinado de la región Este. Una buena parte de los primeros simplemente la aceptaron, abrigando la esperanza de que era un mal pasajero, como fue el caso de Federico Velásquez, quien el 7 de diciembre de 1916 expresó que la ocupación militar no representaba “peligro inmediato ni ulterior para la independencia del país”; otro grupo en principio muy minoritario, entró en franca colaboración con los interventores extranjeros ocupando posiciones importantes, y otra pequeña fracción, decidió enfrentarse al invasor mediante la realización de acciones cívicas pacíficas sin hacer esfuerzo por establecer vínculos con el movimiento guerrillero campesino. Dentro de este último grupo se encontraba el propio presidente depuesto por los ocupantes Dr. Francisco Henríquez y Carvajal.

Desde 1916 hasta principios de 1919, solamente las fuerzas patrióticas guerrilleras de la región Este, hicieron frente a los invasores

La situación, sin embargo, comenzó a cambiar después de la culminación de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se inició en el país un soterrado pero fuerte movimiento nacionalista de agitación estimulado con la entrada en circulación de hojas sueltas que llamaban al pueblo a romper la apatía. Gran parte de esas hojas sueltas y boletines procedían de Cuba. Contenían artículos periodísticos escritos por el presidente Henríquez, el poeta Cestero y otros patriotas radicados allí. Ya para este tiempo había sido fundada en New York la “Comisión Nacionalista Dominicana”, presidida por el presidente Henríquez, y en la cual figuraban su hijo Max, y el poeta Tulio M. Cestero.

A mediados de 1920, el Gobernador Militar mediante la Orden Ejecutiva No. 385, derogó la censurar previa, pero prohibió toda expresión oral o escrita de ideas “hostiles o contrarias al Gobierno Militar”. El hecho creó una pequeña apertura que aprovechó muy bien la intelectualidad dominicana para publicar una serie de artículos, hojas sueltas y folletos contra los interventores.

La dictadura norteamericana respondió al desafío con el sometimiento a juicio en la corte militar a los principales autores, cuyas atribuciones omnímodas eran idénticas a las de una corte marcial. A esa corte fueron sometidos Américo Lugo, los poetas Fabio Fiallo y Sanabia y los periodistas Doroteo Regalado, Oscar Delanoy, y otros más.

A estas persecuciones se agregó otra que creó un nuevo escándalo de las mismas proporciones: El periodista venezolano Horacio Blanco Fombona publicó en noviembre de 1920 en la revista Letras una foto de un campesino dominicano de nombre Cayo Báez, en la que se mostraban las heridas y quemaduras recibidas en su pecho a consecuencia de las torturas a que fue sometido por los soldados norteamericanos por su negativa a delatar los nombres de otros compañeros suyos contrarios a la intervención militar.

A consecuencia de estos sucesos, la causa dominicana comenzó a ocupar un espacio significativo en toda la prensa de América Latina, pero sobre todo en Cuba, Chile, Argentina, México, Uruguay, y en Centroamérica. La solidaridad internacional, por su parte, y la eficiente labor patriótica llevada a cabo por la Unión Nacional Dominicana, por otra parte, así como las acciones desarrolladas por los guerrilleros campesinos de la región Este, fueron creando una situación nueva en la República Dominicana. En septiembre de 1920, el propio gobernador Snowden admitía la existencia de un estado de “hostilidad en el seno de pueblo”.

Por todo el territorio dominicano fue levantada la consigna enarbolada por los miembros de la Unión Nacional Dominicana y la Junta Nacionalista: “Evacuación pura y simple”.

Los ocupantes norteamericanos construyeron varios centenares de kilómetros de carreteras que unieron a la ciudad capital con los principales centros agrícolas del país, también construyeron varias cárceles, edificios públicos para oficinas oficiales, escuelas, fortalezas, mercados, y reconstruyeron los muelles de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata, con la ayuda de dragas que fueron adquiridas durante el gobierno de Cáceres. En el plano de las construcciones sanitarias el gobierno militar inauguró dos hospitales y un leprocomio. Tanto los latifundios azucareros norteamericanos como los madereros siguieron creciendo de manera arrolladora llegando a tener bajo control o propiedad particular cerca de seis millones de tareas de tierra. Otro elemento importante que ocasionó cambios durante la ocupación norteamericana fue el bancario – financiero, hecho que profundizó el proceso de penetración y dominación del capital monopolista sobre la República Dominicana.